El debate en torno al posible bloqueo de TikTok en Estados Unidos ha llegado al punto más álgido: el Tribunal Supremo acaba de celebrar una sesión para determinar si finalmente se aplicará una ley que, en la práctica, podría prohibir el uso de la famosa plataforma de videos cortos en territorio estadounidense. La legislación, firmada en abril de 2024 por el presidente Joe Biden, obliga a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, a vender sus operaciones locales antes del 19 de enero o a enfrentarse a un veto total.
Durante dos horas y media, los abogados de todas las partes involucradas presentaron sus argumentos ante los jueces. Para TikTok, esta comparecencia era esencial, pues la plataforma corre el riesgo de “desaparecer” en pocos días si el máximo tribunal no interviene en su favor. El panorama se vuelve más complejo con la inminente transición presidencial, ya que al día siguiente de la fecha límite asumirá el nuevo presidente, Donald Trump, quien se ha mostrado partidario de suspender la ley y salvar la aplicación.
A lo largo de la sesión, se abordaron cuestiones sobre la libertad de expresión y la seguridad nacional, dos pilares que parecen chocar de manera frontal en este caso. Por un lado, se sostiene que el posible bloqueo viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que limitaría la capacidad de millones de ciudadanos de crear y difundir contenido a través de la plataforma. Por el otro, el gobierno alega que la propiedad china de TikTok podría facilitar el acceso a datos sensibles de los usuarios, lo que representaría un riesgo para la integridad y la estabilidad del país.
TikTok se defiende: la batalla por la libertad de expresión y la viabilidad técnica
La postura de TikTok ha sido tajante: consideran que la ley propuesta infringe directamente los derechos amparados por la Primera Enmienda, ya que el veto o la exigencia de venta a contrarreloj es un atentado contra la libre circulación de las ideas. Según los abogados de la compañía, el contenido compartido en la plataforma constituye una forma de discurso protegido, lo que significa que el gobierno no debería intervenir de manera tan severa en un espacio digital que da voz a millones de estadounidenses.
Para la empresa, existe un trasfondo esencial: las acusaciones de que TikTok podría ser manipulado con fines políticos o propagandísticos son, en su opinión, un motivo ilegítimo para restringir la libertad de expresión. El ejemplo que suele emplearse es que el gobierno no regula con la misma severidad a otros medios cuyo contenido también puede considerarse sesgado o problemático, como cadenas televisivas o periódicos con líneas editoriales claras. En ese sentido, TikTok afirma que la preocupación de Washington por la “manipulación de contenidos” no debería ser un argumento suficiente para imponer una restricción radical, dado que en Estados Unidos se respeta la existencia de una amplia variedad de posturas ideológicas.
La compañía también sostiene que podría incluir advertencias o notificaciones dentro de la aplicación para informar sobre posibles riesgos de interferencia extranjera, al igual que se hace con otros temas de salud o seguridad. Para los responsables de TikTok, este tipo de divulgación es mucho menos dañino que eliminar de raíz el acceso al servicio o forzar una venta compleja que podría demorar años.
Otro componente central de su defensa es la cuestión de los datos de los usuarios. ByteDance ha asegurado que la información personal de los estadounidenses se aloja en servidores de Oracle ubicados en Virginia, por lo que insiste en que no habría un envío masivo de datos a China. Según el argumento de sus abogados, la supuesta filtración de información confidencial se podría solventar a través de leyes más específicas que prohíban directamente el intercambio de datos con terceros sin un permiso expreso. De esa forma, TikTok sostiene que el gobierno podría imponer sanciones, multas o incluso penas de cárcel si se demuestran conexiones ilícitas con el gigante asiático, sin llegar al extremo de prohibir o mutilar la aplicación.
En relación con la exigencia de venta, la plataforma recalca que un proceso de esa magnitud no se resolvería en unos pocos meses. El desarrollo del algoritmo y de la infraestructura tecnológica que hace funcionar TikTok depende del trabajo coordinado de equipos globales, por lo que una separación brusca de sus operaciones estadounidenses daría lugar a un producto muy distinto y menos competitivo. Además, el gobierno chino podría frenar la exportación de ciertos componentes del algoritmo, haciendo prácticamente inviable una separación completa y rápida.
Argumentos oficiales: proteger la seguridad nacional y evitar la influencia extranjera
En el otro extremo, la postura del gobierno y del Departamento de Justicia (DOJ) se basa en la premisa de que TikTok, al pertenecer a una empresa china, plantea un escenario de riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Argumentan que, por la naturaleza de las leyes en China, la empresa matriz está obligada a ceder datos o incluso a manipular el contenido si así lo exige el gobierno de Pekín. Para las autoridades estadounidenses, esto no es un asunto menor, pues un acceso secreto a información personal de millones de usuarios (incluyendo niños y adolescentes que, con los años, podrían llegar a ocupar cargos sensibles en la administración pública) resulta una amenaza que no se puede ignorar.
El DOJ hizo hincapié en que esta preocupación no se refiere únicamente a la posible extracción de datos, sino también a la capacidad de ByteDance de controlar el flujo de información y alterar la percepción de los usuarios. Bajo esta óptica, una potencia extranjera podría, en teoría, fomentar la discordia política o influir en procesos electorales con la manipulación de los algoritmos que promocionan videos. En el pasado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya han advertido sobre intentos de países extranjeros de interferir en la opinión pública estadounidense a través de redes sociales, por lo que no se trata de una hipótesis puramente especulativa.
El gobierno tampoco ve con buenos ojos que se minimice la cuestión de la libertad de expresión. A su juicio, esta ley no está diseñada para censurar el contenido en sí, sino para impedir el posible control por parte de un gobierno adversario. Se subraya que, tras la venta obligatoria, la aplicación podría continuar operando con normalidad, pero bajo un nuevo propietario que no estuviera sujeto a las leyes del gigante asiático. De esta forma, el gobierno sostiene que no se trata de borrar TikTok de la faz de internet, sino de eliminar el riesgo de que un gobierno extranjero recurra a tácticas de presión o aprovechamiento de datos sensibles.
En su defensa, el DOJ recuerda un largo historial de regulaciones que impiden que potencias extranjeras ostenten el control total de medios de comunicación y canales de transmisión en Estados Unidos, prácticas que se remontan a la era de la radio y la televisión. Si bien los abogados de TikTok sostienen que el mundo digital de hoy es ilimitado y carente de la “escasez de espectro” de antaño, el gobierno insiste en que los medios de comunicación, incluidos los modernos canales de redes sociales, continúan siendo un activo estratégico que no puede permanecer en manos de gobiernos hostiles a Estados Unidos.
Por último, el DOJ resaltó que ya se han encontrado evidencias de conducta inapropiada por parte de ByteDance, como el acceso indebido a la ubicación de periodistas estadounidenses para rastrear posibles filtraciones. Este antecedente, desde la perspectiva gubernamental, demuestra que hay un fundamento real para temer un uso malintencionado de la aplicación y no solo un miedo infundado.
Las preguntas de los jueces: entre la cautela y la libertad digital
Los miembros del Tribunal Supremo plantearon varias cuestiones relevantes que permitirán definir si procede o no el bloqueo de la aplicación. Algunos magistrados mostraron escepticismo acerca de la afirmación de TikTok de que su algoritmo constituye un tipo de “discurso protegido”, a la par que se preguntaban si la jurisprudencia estadounidense podría considerar, en efecto, a un programa informático como una extensión de la libertad de expresión.
También se abordó la relación exacta entre ByteDance y TikTok, así como la influencia real del gobierno chino. Una interrogante central fue si las leyes de China otorgan a sus autoridades la capacidad de intervenir efectivamente en la toma de decisiones de TikTok. Según la defensa de la plataforma, la filial de Estados Unidos cuenta con autonomía suficiente para decidir sobre su propio algoritmo y políticas de moderación, una postura que fue recibida con suspicacia por parte de algunos jueces.
Otro punto clave fue el nivel de escrutinio al que debería someterse este caso. TikTok aspira a que se aplique la denominada “strict scrutiny”, un estándar legal que obliga al gobierno a demostrar que su intervención es absolutamente necesaria para proteger un interés de máxima importancia y que no existe otra manera menos restrictiva de alcanzar ese objetivo. En cambio, quienes defienden la ley preferirían un escrutinio más moderado que reconozca la autoridad del Estado para tomar medidas preventivas en pro de la seguridad nacional.
Los jueces también se mostraron interesados en la posibilidad de una separación amistosa de TikTok respecto a ByteDance, cuestionando la insistencia de la empresa en que dicha medida es inviable. Para la plataforma, la transferencia de propiedad dañaría la esencia del producto, ya que cortar la colaboración con los equipos globales de ingeniería supondría reconstruir el algoritmo desde cero y, a la larga, ofrecer un servicio irreconocible frente a la aplicación original.
En contrapartida, los abogados del gobierno aseguraron que la ley concede un plazo de 270 días para completar el proceso de venta, un margen de tiempo que, en su opinión, sería suficiente para llegar a un acuerdo. Con todo, la empresa tecnológica mantiene que no está dispuesta a realizar una venta forzada que, además, podría verse frenada por la negativa del gobierno chino a permitir la exportación del algoritmo.
El desenlace: tiempos inciertos y el papel del próximo presidente
La resolución del Tribunal Supremo podría darse en cuestión de días, y el futuro de la plataforma en Estados Unidos depende en gran medida de este fallo. Si el veredicto no es favorable a TikTok, la aplicación podría “apagarse” el 19 de enero. Esto implicaría su retirada de las tiendas de aplicaciones y la imposibilidad para los usuarios de acceder a nuevos contenidos.
Sin embargo, la historia no terminaría ahí. La defensa de TikTok ha solicitado, además, una medida cautelar que, de ser aceptada, le daría más tiempo para negociar o para buscar amparo en la nueva administración. El 20 de enero, Donald Trump tomará posesión como presidente y, según declaraciones recientes, ha manifestado su intención de frenar esta ley, argumentando que su gobierno evaluará otras formas de abordar la supuesta amenaza de seguridad que representa la plataforma.
La opción de una prórroga para encontrar un posible comprador no ha sido del todo descartada, pero la propia TikTok afirma que prefiere cerrar sus operaciones antes que someterse a una venta impuesta que alteraría sus fundamentos tecnológicos y empresariales. Por ello, se vive en una tensión constante en los días previos a la fecha límite, mientras las partes implicadas se mantienen en vilo a la espera de la decisión del tribunal.
La encrucijada actual pone de relieve un conflicto de valores: la defensa de la libertad de expresión y la protección de la seguridad nacional se enfrentan en uno de los casos más polémicos de los últimos años. Para el gobierno de Estados Unidos, la erradicación del posible espionaje y la manipulación extranjera a través de una aplicación tan influyente está por encima de cualquier otra consideración. Para TikTok y sus defensores, esta legislación representa un peligroso precedente que recorta la libertad de millones de creadores de contenido y consumidores de medios digitales.
Más allá del resultado inmediato, el caso establece un hito en la forma en que se interpretan las garantías constitucionales en la era de las redes sociales. La comunidad jurídica se mantiene expectante ante el posible surgimiento de nuevas normativas que pongan el foco en la procedencia de la propiedad de aplicaciones populares y en el flujo transnacional de datos. El fallo de la Corte Suprema será recordado como un referente para el debate que concierne a la cada vez más difusa línea entre libertad individual y protección colectiva en la esfera digital.
Lo que decida el Tribunal Supremo influirá no solo en la supervivencia de TikTok en Estados Unidos, sino también en la manera en que otros países gestionan la presencia de aplicaciones extranjeras con capacidad de generar información a gran escala. La cuestión no se reduce a quién controla los datos, sino a qué límites está dispuesto a imponer el Estado para evitar riesgos potenciales. En el equilibrio delicado entre proteger a la nación y resguardar los derechos de los individuos, cada detalle cobra una relevancia trascendental en la configuración del futuro de la libertad de expresión online.
